jueves, 28 de noviembre de 2013

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONGRESO DE TRES CRUCES EN LA QUE SE CONVINO EL RECONOCIMIENTO DE LA SOBERANA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE Y LEGISLATIVA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS


CAMPO ORIENTAL DELANTE DE MONTEVIDEO.

ABRIL 5 DE 1813

EN a campo Oriental, delante de Montevideo, a cinco días del mes de abril de mil ochocientos trece; juntos y congregados en el alojamiento del ciudadano José Artigas, Jefe de los Orientales, los vecinos emigrados de aquella Plaza, los habitantes de sus extramuros, y los Diputados de cada uno de los pueblos de la Banda Oriental del Uruguay, hecha la manifestación de los poderes de éstos, y representado as al Pueblo Oriental como soberano, después de haberse cerciorado bastantemente de las órdenes con que se hallaba el predicho ciudadano José Artigas para el reconocimiento y jura de la Asamblea Soberana de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con la meditación más seria sobre el particular, se decidió por el voto sagrado de su voluntad general, el reconocimiento indicado bajo las condiciones siguientes:

1.— Se dará una pública satisfacción a los orientales por la conducta antiliberal que han manifestado en medio de ellos los señores Santea, Viana, y demás expulsos. Y en razón de que el general Don José Artigas y sus tropas han garantido la seguridad de la Patria, especialmente en la campaña de mil ochocientos once, contra las agresiones de la Nación Portuguesa, serán declarados como verdaderos defensores del sistema de libertad proclamado en América.
2.— No se levantará el sitio puesto a la plaza de Montevideo ni se desmembrará su fuerza de modo que se inutilice el proyecto de su ocupación.
3.— Continuará suministrándose de Buenos Aires los auxilios que sean posibles para el fin del asedio.
4.— No se enviará de Buenos Aires otro jefe para el ejército auxiliador de esta Banda ni se removerá el actual.
5.— Se devolverá el armamento perteneciente al regimiento de Blandengues (de la Frontera de Montevideo) que han conducido Los que marcharon conduciendo los expulsos.
6.— Será reconocida y garantida la Confederación Ofensiva y Defensiva de esta Banda con el resto de las Provincias Unidas, renunciando cualquiera de ellas La subyugación a que se ha dado lugar por la conducta del anterior Gobierno.
7,— En consecuencia de dicha Confederación, se dejará a esta Banda en la plena libertad que ha adquirido como Provincia compuesta de pueblos libres, pero queda desde ahora sujeta a la Construcción que emane y resulte del Soberano Congreso General de la Nación, y a sus disposiciones consiguientes, teniendo por base la libertad.
8.— En virtud de que en la Banda Oriental existen cinco Cabildos en veintitrés pueblos, se ha acordado deban reunirse en la Asamblea General cinco diputados, cuyo nombramiento, según la espontánea voluntad de Los pueblos, recayó en los ciudadanos Don Dámaso Larrañaga y Don Mateo Vidal, por la ciudad de Montevideo; Don Dámaso Fonseca, por la de Maldonado y su jurisdicción; Don Marcos Salcedo, por San Juan Bautista y San José; Dr. Francisco Unino de Rivarola, por Santo Domingo Soriano y pueblos de su jurisdicción.
Siendo estas las condiciones por las cuales han estipulado los señores comisionados el reconocimiento de dicha Soberana Asamblea, Las presentan a sus constituyentes para que, si son de su aprobación, las firmen con ellos.
Banda Oriental, 5 de abril de 1813.
Ramón de Cáceres-León Pérez-Juan José Durán-Felipe Pérez- Pedro Fabián Pérez-Pedro Vidal—Francisco Bustamante-Manuel del Valle-José Ramírez-Manuel Haedo-Fran cisco Sierra -Antonio
- Díaz, secretario.



Existe otra versión del mismo documento. Dice así en su encabezamiento: “El pueblo de la Banda Oriental de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, habiendo concurrido por medio de sus respectivos diputados a manifestar su parecer sobre el reconocimiento de la soberana Asamblea Constituyente. Después de examinada la voluntad general convinieran en el reconocimiento de dicha soberana asamblea, bajo las condiciones que fijasen los señores diputados don León Pérez, don Juan José Durán y don Pedro Fabián Pérez, que para el efecto comisionaron, las cuales, después de una bien meditada discusión sobre la decisión de can importante objeto, resolvieron lo siguiente: Condiciones:” - En el texto de las condiciones no existen diferencias en los dos documentos.

sábado, 16 de noviembre de 2013

Al pueblo de Chile


Comunicado en repuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de Agosto de 1973, declarando la ilegitimidad del Gobierno y llamando al golpe.

“Al país:

La Cámara de Diputados ha aprobado, con los votos de la oposición, un acuerdo político destinado a desprestigiar al país en el extranjero y crear confusión interna. Facilitará con ello la intención sediciosa de determinados sectores.

Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno, existe un solo camino: la acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello. Por eso, ahora, pretenden, mediante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación constitucional. El inédito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia.

En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política según las opiniones institucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso.

Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden frente al Gobierno democráticamente elegido, significa subordinar la representación política de la Soberanía Nacional a instituciones armadas que no pueden ni deben asumir funciones políticas propias de la representación de la voluntad popular. Esta última en la democracia chilena está delegada exclusivamente en las autoridades que la Constitución establece. Ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto que contravenga este artículo es nulo. (Artículo 4 de la Constitución vigente).

El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones privativas, ha confiado responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabineros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio de la paz cívica y de la Seguridad Nacional, defendiendo las instituciones republicanas frente a la insurrección y terrorismo. Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover al golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil.

Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscalizadora que el Articulo 39 N° 2 otorga a la Cámara que establece que los acuerdos y observaciones adoptadas "se trasmitirán por escrito al Presidente de la Republica" no directamente a los Ministros, como se ha hecho , y que "no afectarán la responsabilidad politica de los Ministros" mientras que si la contempla el acuerdo mencionado.

Con una fundamentación llena de afirmaciones ya antes refutadas en su integridad por el Gobierno por gratuitas o infundadas, en su mayor parte reversibles contra el uso que la oposición ha hecho de su mayoría parlamentaria, ésta pretende destruir el basamento institucional del Estado y del Gobierno republicano, democrático y representativo.

El acuerdo aprobado, más que violar, niega la substancia de toda la Constitución. Y de modo directo los artículos,1, 2, 3, 4, 9, 10, 22, 23, 39, 60, 71, 72 y 78b de nuestra Carta Fundamental. La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico establecido solemnemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados cuarenta y siete años. Pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra la Constitución y revela su intención de concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de las legislativas que le son propias.

La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra ni regalo de las clases explotadoras y será defendida por quienes, con sacrificios acumulados de generaciones, la han impuesto.

Con tranquilidad de conciencia y midiendo mi responsabilidad ante las generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido en Chile un Gobierno más democrático que el que me honro en presidir, que haya hecho más por defender la independencia económica y política del país, por la liberación social de los trabajadores. El Gobierno ha sido respetuoso de las leyes y se ha desempeñado en realizar transformaciones en nuestras estructuras económicas y sociales.

Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Y como dijera el pasado día 2 en carta al presidente del Partido Demócrata Cristiano, “es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional”.

El parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando cualquier iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo acepta. Con ello, facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los trabajadores que bregan por su libertad, económica y política plenas. Por ello me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras la expresión "Estado de Derecho" una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado.

Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista.

Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses egoístas que defiende.

Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y políticas que nuestro pais necesita para superar la crisis total a que se nos está queriendo arrastrar, medidas que el Gobierno adoptará pese a los obstáculos que se ponen por delante y en las que ha solicitado la colaboración de los sectores democráticos de oposición.

Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Congreso sucede el intento de destruir al propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta, directamente contra la democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a asumir y usar en su plenitud todos los poderes políticos y administrativos que la Constitución me confiere como Jefe Supremo de la Nación.

Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi animo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria.

Hoy cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivindican con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones con su deber, para asegurar así la plena realidad de la democracia y las libertades dentro del proceso revolucionario. Para esta noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile.

 SALVADOR ALLENDE G.
Presidente de la República de Chile.